La Compañía de Puertos de Panamá (PPC), la sociedad del grupo CK Hutchison de Hong Kong que administra los puertos panameños de Cristóbal y Balboa, ha violado los términos del contrato de concesión de los dos puertos portuarios y debe al menos más allá de 300 millones de dólares a la República de Panamá. El revisor general de las cuentas panameñas, Anel Flores, quien acusó a la empresa de tergiversar los datos y anunció la presentación de cargos criminales contra sus ejecutivos y funcionarios públicos, ante todo los de la Autoridad Marítima de Panamá, quienes firmaron la renovación de la concesión con PPC.

Cerca del reasentamiento de Donald Trump ante la Casa Blanca y las intenciones manifestadas por el nuevo presidente estadounidense para reapropiarse del Canal de Panamá, restringiéndolo -a su opinión- al control de China, Contraloría General de la República de Panamá había iniciado una investigación financiera sobre la Compañía de Puertos de Panamá()de 27 de enero 2025). En las últimas horas Flores presentó el resultado de la investigación que revelaría violaciones contractuales que le permitirían no pagar más de 300 millones de dólares en los cofres estatales.

El auditor general de las cuentas explicó que, según el primer contrato de concesión firmado en 1997, el Estado recibió un porcentaje de los beneficios de la sociedad, que aumentaron cada año, alcanzando 27 millones de dólares en 2002. Flores explicó que en 2002 se modificó el contrato de modo que Panamá recibió el 10% de los beneficios netos en lugar del 10% de los beneficios brutos, variación según la cual los ingresos para el Estado cayeron de 27 millones en 2002 a 1.3 millones de dólares en 2003. Flores denunció que, si los términos del primer contrato se mantuvieran sin cambios, Panamá habría tenido que recibir $1.34 mil millones durante el período de concesión, mientras que recibió sólo 483 millones de dólares con una pérdida para la República de Panamá en el período de $853 millones. Flores dijo que otras pérdidas económicas para el estado fueron causadas por la concesión a la empresa de exenciones fiscales y la no recepción de tarifas y ascendió a otros 350 millones de dólares. Esto - ha evidenciado - ante un aumento del tráfico de los contenedores animados en los dos puertos y en la cara de un beneficio declarado de la empresa que permanece prácticamente sin cambios.