La Guardia di Finanzia de Livorno ha ejecutado una medida dictada por el Tribunal de Livorno que ordena la prohibición temporal de contratar con la administración pública por una duración de 12 meses contra cuatro personas y tres empresas, así como el embargo embargo preventivo por el equivalente de 8.410 euros de contra un funcionario público de la Autoridad Portuaria jubilado desde el pasado mes de diciembre, como precio/beneficio del delito de inducción indebida, así como infracción administrativa para las

empresas. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Fiamme Gialle conla

coordinación de la Fiscalía de Livorno, el empleado público, abusando de su papel institucional como RUP (Gestor Único de Procedimientos) en el marco de la adjudicación de obras de mantenimiento de la estructura portuaria de Livorno, indujo a empresas complacientes a proporcionarle indebidamente utilidades/bienes indebidos (por ejemplo, la reparación de un coche y de una embarcación privada). Con el fin de justificar los gastos necesarios para el pago del presunto soborno, las empresas supuestamente utilizaron facturas de transacciones inexistentes,

los miembros del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria local recogieron pruebas documentales y declaraciones de personas informadas sobre los hechos, que, según la acusación, pusieron de manifiesto la conducta ilícita alegada por las autoridades judiciales. En término de los registros e interrogatorios delegados por el fiscal

los sospechosos se acogieron al derecho a no contestar. Los financieros procedieron al embargo preventivo por equivalente de las sumas depositadas en las cuentas corrientes de los sospechosos hasta la cantidad ordenada por el tribunal.